Régimen Ortega arremete nuevamente contra la Alianza Cívica


El gobierno de Daniel Ortega emitió un comunicado este jueves en el que nuevamente arremete contra los miembros de la Alianza Cívica a los que tacha de “cómplices gustosos y gozosos de políticas injerencistas y violatorias de los derechos humanos”.

El pasado martes Daniel Ortega tachó a los opositores, en especial a la Alianza Cívica, de ser “miserias humanas” por negarse a solicitar ante la comunidad internacional la suspensión de las sanciones. El primero de mayo la Alianza emitió un comunicado en el que respondía que no hay condiciones para hacer tal petición mientras el régimen no cumpla con los puntos acordados en la mesa de negociación.

Si bien el año pasado Ortega decía que le tenía sin cuidado que Estados Unidos sancionara a su gobierno, la grave crisis económica que golpea al Estado y las sanciones impuestas a dos de sus familiares, Rosario Murillo y Laureano Ortega, y a otros miembros de su círculo cercano, han hecho que se dé cuenta del verdadero impacto de las mismas.

En su comunicado, el gobierno trata de imponer su discurso de “opción preferencial por los pobres” y afirma que para ser leales a la patria indispensablemente hay que “reconocer el daño que las sanciones ilegales y unilaterales infringen a todos los sectores de la sociedad nicaragüense y, particularmente, a los más vulnerables”.

Esa negativa sólo es comparable a la actitud servil y desvergonzada de estos mismos sectores, que se negaron a denunciar y eliminar los tranques que nuestro pueblo calificó y califica todavía hoy, como “tranques de la muerte”, se queja el gobierno.

Sanciones son el resultado de la represión

Para el régimen todos aquellos que apoyen las sanciones contra el gobierno son cómplices del odio, la zozobra, la violencia, la discriminación y el terrorismo.

Vale apuntar que las sanciones de Estados Unidos son una respuesta a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua contra la población civil, así como por actos de corrupción.

A las sanciones de Estados Unidos habrá que sumar las que próximamente podría aprobar la Unión Europea y también las que conlleva la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo proceso de aplicación parece ser solo cuestión de tiempo.


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