La Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega, aprobó este miércoles lo que llama «Ley Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista de abril, mayo, junio y julio del 2018».
La ley fue enviada por Ortega con trámite de urgencia y aprobada con 69 votos. 15 diputados liberales y de las pocas organizaciones políticas opositoras votaron en contra.
A pesar de lo que se había manejado, esta ley no establece en ninguno de sus artículos la amnistía para policías, paramilitares, funcionarios del gobierno y simpatizantes del Frente Sandinista involucrados en la masacre del 2018.
Lo que sí estipula es la atención a las víctimas de los hechos de violencia.
«El Estado a través de sus instituciones públicas garantiza el acceso priorizado de las víctimas y sus familiares a los servicios y programas de gobierno en salud, educación, trabajo, emprendimiento, vivienda, ocio y recreación», dice uno los artículos.
La ley en sí no establece nada nuevo, ya que estos son derechos recogidos en la Constitución Política y de obligatorio cumplimiento para el gobierno y sus instituciones.
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Uno de los puntos que ha provocado, incluso, burlas es el referente al ocio y la recreación. El gobierno les garantiza a las víctimas que «puedan acceder a las instalaciones deportivas, públicas, centros de recreación públicos y todos los espacios públicos de firma gratuita», señala la ley.
Así mismo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos será la encargada de organizar y actualizar el registro de las víctimas, así como el seguimiento y monitoreo a la atención brindada por todas las instituciones involucradas, conforme las facultades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
