OACNUDH pide que cese la impunidad de los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas de Nicaragua


La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) exhortó al gobierno de Daniel Ortega que investigue y penalice a los autores de la masacre de indígenas en la reserva de biósfera de Bosawás, Caribe Norte de Nicaragua.

En una nota oficial, la vocera de la Alta Comisionada, Martha Hurtado, recuerda al gobierno que “los Pueblos Indígenas tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos, y no pueden ser desplazados por la fuerza».

“Estamos muy preocupados por los reiterados ataques contra pueblos indígenas en Nicaragua, la falta de protección de sus derechos y la impunidad de los delitos cometidos contra ellos”, señala.

Denuncia que los ataques son perpetrados en su mayoría por colonos, quienes intentan obligar a los indígenas a abandonar sus tierras y luego utilizarlas para la tala ilegal y la cría de ganado.

“El incidente más reciente ocurrió el 29 de enero de 2020, cuando decenas de hombres armados atacaron a la comunidad Mayangna que habita en el interior de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, un área protegida remota de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, a 300 km al norte de Managua. Cuatro miembros de la comunidad Alal, en el territorio de Sauni As resultaron muertos, otros dos heridos y 16 casas incendiadas, lo que obligó a cientos de personas de la comunidad y sus alrededores a huir. Los agentes de la policía no llegaron al lugar hasta el día siguiente”, denuncia.

OACNUDH hace referencia también a datos recogidos por el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), según el cual desde 2015, en casos de invasiones de tierras, unos 40 indígenas han sido asesinados, 47 heridos, 44 secuestrados y cuatro siguen desaparecidos.

«Instamos a las autoridades nicaragüenses a que realicen investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre estos incidentes, y a juzgar y sancionar a los responsables. También exhortamos a las autoridades a que proporcionen justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familias, y a que presten asistencia a las personas desplazadas por la fuerza, incluidas las que ya han regresado a sus comunidades», indica.

Gobierno minimiza la situación

El gobierno de Daniel Ortega ha minimizado la masacre ocurrida el 29 de enero, y para tratar de detener las demandas, ha ofrecido casas y llevado útiles deportivos y comidas a la comunidad de Alal.

La Policía primero aceptó la existencia de dos muertos en el lugar, pero posteriormente dijo que no había muertos. Agobiado por la indignación nacional, el 1 de febrero debió admitir la masacre.

Según la Policía, el ataque lo perpetró un grupo delincuencial liderado por una persona llamada Isabel Meneses Padilla, alias “Chabelo”, sin embargo, es la fecha y no ha vuelto a hablar del tema.