CPDH dice que la acusación contra los autoconvocados es una «falacia» de la Policía

Como una falacia catalogó la asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, la acusación por “posesión ilegal de armas” interpuesta por el gobierno contra 16 activistas opositores arrestados el jueves 14 de noviembre por llevar agua y víveres a un grupo de madres que están en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel, de Masaya.

“No se necesita ser abogado para poder comprender que esta acusación es una falacia, por cuanto ninguno de estos muchachos se iba a presentar a la iglesia, donde están haciendo la huelga de hambre las madres, portando ningún tipo armamento en sus vehículos porque sabían que la Policía estaba regada en toda la zona”, expresó Oviedo en conferencia de prensa.

Efectivamente desde la mañana del jueves cuando inició la huelga, decenas de policías rodearon la Iglesia en lo que se ha convertido un verdadero sitio. A lo que hay que agregar que el corte de los servicios de agua y luz.

“Esa acusación es infundada, es una falacia, jamás esos jóvenes se van a atrever a andar con un armamento ilegal”, reiteró la abogada, agregando que la sentencia por el delito del que son acusados conlleva entre 6 y 8 años de cárcel.

Catalogados como terroristas

Los activistas presos son Ivania Álvarez, Melvin Paralta Centeno, Marvin López, Amaya Coppens, María Margarita Hurtado, Neyma Hernández Ruiz, Jesús Teffel, Derlis Hernández, José Dolores Medina, Wendy Juárez, Wilfredo Brenes, Olga Valle, Roberto Butching, Hanssel Quintero, Atahualpa Quintero Morán y Jordan Lanzas.

La policía asegura haberles ocupado 12 bombas molotov; una escopeta, serie borrada, con 16 municiones calibre 12; 3 revólveres, serie borrada, con con 18 unidades de municiones calibre 38; y 3 automóviles tipo sedán.

Urbina Lara denuncia supuesto complot de Alba Luz Ramos para asesinarlo

El abogado Manuel Urbina Lara acusó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, de planear un complot para asesinarlo en conjunto con el Ejército de Nicaragua.

La denuncia fue interpuesta por Urbina Lara el 2 de noviembre ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la cual le solicitó las pruebas de lo que dice para hacer los trámites correspondientes.

El abogado publicó este lunes en su cuenta de Twitter el supuesto complot y asegura que Moisés Astorga, Jefe de Asesores de Alba Luz Ramos, “le solicitó a agentes de Inteligencia del Ejército” que le asesinaran. “La reunión se dio en el Hotel Contempo. Ya esto fue denunciado a nivel nacional e internacional. Aquí los espero criminales”, expresó Urbina Lara, sin aportar pruebas de sus señalamientos.

En las últimas semanas el abogado ha hecho graves acusaciones contra la Corte Suprema, en especial contra Alba Luz Ramos, vinculando a este poder del Estado con narcotráfico y tráfico de influencias. Urbina incluso dijo que el narcotráficante Henry Fariñas era familiar de Alba Luz Ramos y que este había sido puesto en libertad. Días después se supo que este aún guarda prisión.

Varias acusaciones en su contra

El 17 de octubre la Corte suspendió por cinco años la licencia a Urbina Lara y dijo estar tramitando unas 70 denuncias de personas que contrataron sus servicios

Los demandantes estarían reclamando a Urbina Lara unos 100,000 dólares y 130,700 córdobas.

Capturan nuevamente a excarcelado que denunció que la Policía lo había obligado a cavar su propia tumba

El exreo político José Santos Sánchez, quien el 5 de septiembre denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que había sido obligado por policías a cavar su propia tumba, fue capturado nuevamente este domingo 22 de septiembre en su casa de habitación en Masaya.

Sánchez había narrado que el 18 de febrero del 2019 entre 60 y 70 policías y paramilitares lo capturaron en una finca de la comarca Guanacastillo, en la carretera Masaya-Tipitapa, hacia donde había huido debido a la persecución de la que era objeto, luego de haber participado el año pasado en tranques.

Ahí fue golpeado salvajemente a tal punto que le dislocaron el hombro izquierdo y varias costillas. Tras la golpiza unos 12 policías lo llevaron al fondo de la propiedad. Estando ahí un oficial le dijo que cavara una zanja. “Ya sabés que ahí te vas a quedar ¿verdad? Para eso lo estás haciendo”, le advirtió un oficial.

Sánchez estuvo preso durante cuatro meses: dos en El Chipote y dos en la cárcel La Modelo. Fue liberado el 10 de junio.

Durante su denuncia ante la CPDH, el preso político dijo que comisionada Glenda Zavala, directora de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía presenció los vejámenes a los que fue objeto durante su captura.

Este domingo trascendió también la captura con lujo de violencia de Edder Muñoz, otro expreso político.

ESCUCHA EL TESTIMONIO COMPLETO DE JOSÉ SANTOS SÁNCHEZ :

Foto de portada: Cortesía.

Corte Suprema de Justicia suspende a la abogada María Oviedo

La Cortes Suprema de Justicia (CSJ) notificó a este jueves que suspende del ejercicio de abogada a la María Oviedo. La suspensión es por seis meses a partir de este 19 de septiembre.

Oviedo es una reconocida abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que se ha dedicado a defender a varios presos políticos.

La suspensión se hizo a solicitud del teniente de la Policía Nacional, Óscar Danilo López, a quien Oviedo abofeteado el 26 de julio en la estación policial de Masaya, cuando el oficial la insultó y la quiso abusar físicamente.

Por este hecho la abogada fue enjuiciada y a finales de agosto encontrada culpable. El 2 de septiembre la titular del Juzgado Tercero Local Penal de Managua, Nalia Úbeda, la condenó a una pena de 30 días de prisión, sin embargo, por no tener antecedentes penales y apelando a su condición de mujer, decidió suspenderle la pena.

Opositor al gobierno Ortega-Murillo denuncia que policías lo obligaron a cavar su propia tumba

El ciudadano José Santos Sánchez, de 39 años y originario de Masaya, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que el 18 de febrero fue capturado por policías y paramilitares, siendo sometido a brutales torturas físicas y psicológicas, entre estas, cavar su propia tumba.

Sánchez afirmó que su captura se dio en una finca de la comarca Guanacastillo, en la carretera Masaya-Tipitapa, hacia donde había huido debido a la persecución de la que era objeto, luego de haber participado en tranques.

Explicó que la finca donde se refugiaba fue allanada a eso de las 3:00 de la mañana por unas 14 patrullas y entre 60 o 70 hombres fuertemente armados. Desde el primer momento lo empezaron a golpear, dislocándole el hombro izquierdo y varias costillas, haciéndole heridas en el rostro y dándole fuertes golpes en la cabeza.

MIRA EL TESTIMONIO COMPLETO:

“Me amarran de pies y manos, me arrastran como unos 30 metros. Intentan amarrarme a una camioneta para arrastrarme porque donde me capturan es en una finca de una tia mía y me sueltan de la camioneta porque en ese momento entra una camioneta donde dijeron ellos venía la jefa”, indicó Sánchéz.

El alto cargo policial que llegaba era, según el testimonio, la jefa de Criminalística, Glenda Zavala.

Sánchez estuvo preso cuatro meses: dos en El Chipote y dos en la cárcel La Modelo, fue liberado el 10 de junio.

El exreo político denunció que ese 18 de febrero, entrada la mañana, fue llevado por unos 12 policías al fondo de la propiedad. Luego de desamararlo, un agente le dijo que corriera. “Yo no me muevo porque sé que si hago algún movimiento me van a disparar”, indicó.

Un policía le pasó un arma al agente que le pedía que corriera. Este la tomó y se la detonó en el pecho, sin embargo, el arma no se le disparó.

Seguidamente le dieron una pala y una macana para que cavara una zanja.

“Ya sabés que ahí te vas a quedar ¿verdad? Para eso lo estás haciendo”, le dijo un oficial.

Luego de todo ese tormento, fue trasladado a Managua. En la capital incluso lo llevaron a un centro hospitalario donde le diagnóstico fue que no tenía fracturas. Una vez que logró salir de la cárcel, fue sometido a los exámenes correspondientes. En estos salían claramente las secuelas de las fracturas.

Jueza suspende ejecución de la pena a la abogada María Oviedo

La juez Nalia Úbeda, titular del Juzgado Tercero Local Penal de Managua, decidió suspender la ejecución de pena a la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo.

Este lunes 2 de septiembre la judicial condenó a Oviedo a una pena de 30 días de prisión, sin embargo, por no tener antecedentes penales, haciendo valer su condición de mujer y ser un delito menos grave, decidió suspender la pena de prisión. El caso ha pasado a un juez de ejecución de sentencia, que es el que se encargará de dictaminar la forma en que Oviedo cumplirá su condena.

El jueves la abogada había sido encontrada culpable del delito de obstrucción de funciones y agresión a la autoridad, en perjuicio del teniente de la Policía Nacional, Óscar López. Este fue abofeteado por Oviedo el 26 de julio en la estación policial de Masaya, cuando la insultó y la quiso abusar físicamente.

La Fiscalía pedía que Oviedo fuera condenada a una pena de 4 años de cárcel.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Abogada María Oviedo podría pasar hasta 4 años en la cárcel por oponerse al abuso policial

De uno a cuatro años de cárcel podría ser la condena que deberá pagar la asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, luego que este jueves la jueza Nalia Úbeda, titular del Juzgado Tercero Local Penal de Managua, la encontró culpable del delito de obstrucción de funciones y agresión a la autoridad, en perjuicio del teniente de la Policía Nacional, Óscar López.

Oviedo abofeteó a López el pasado 26 de julio en la estación policial de Masaya, cuando este la insultó y quiso la abusar físicamente.

La sentencia será dictada el próximo 2 de septiembre. La Fiscalía solicitó la condena máxima de cuatro años. Sin embargo, la abogada defensora Leyla Prado pidió la pena mínima de un año.

“Ustedes saben lo que está sucediendo. Estamos en la mano de Dios”, dijo Oviedo, luego de diez horas de juicio.

“Considero yo que es un fallo injusto”, subrayó.

Lo sucedido el 26 de julio en Masaya quedó grabado en un video, el cual fue manipulado por la Policía para hacer creer que el agente era la víctima. Sin embargo, poco después se hizo viral el video completo donde se observa cómo sucedieron realmente los hechos. Ese video fue la principal prueba presentada por la abogada defensora.

El juicio a Oviedo ha sido considerado como un intento del gobierno sandinista de amedrentar, aún más, a los defensores de derechos humanos.

La Policía de Nicaragua es conocida no solo por cometer crímenes de lesa humanidad, según señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino también por dedicarse a reventar chimbombas y decomisar banderas azules y blanco para evitar que las usen los opositores al presidente Daniel Ortega.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Foto de portada: Cortesía.

Alcalde de Mulukukú se exilia en Costa Rica

El alcalde del municipio de Mulukukú, Apolonio Fargas, se exilió en Costa Rica, luego que el 9 de agosto la Policía Nacional allanara la alcaldía y su casa e intentara capturarlo.

El alcalde liberal pasó 11 meses presos acusado por el gobierno sandinista por el asesinato de tres agentes de la Policía y por de liderar tranques.

Según Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Fargas interpondrá la respectiva denuncia en la oficina que este organismo tiene en Costa Rica.

Ahora a Fargas le han desengavetado un caso de supuesta malversación de fondos, que la misma Contraloría General de la República había descartado con anterioridad.

El lunes 26 de agosto el Concejo Municipal de Mulukukú sesionará para nombrar un alcalde interino.

Más de 600 nicas que habían huido de la represión del gobierno Ortega-Murillo fueron deportados de EE.UU.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, capítulo Miami), asegura que más de 600 nicaragüenses fueron deportados de Estados Unidos en los últimos ocho meses, tras haber huido de la represión del gobierno de Daniel Ortega.

El representante de la CPDH en Miami, Róger Castaño, afirmó al diario La Prensa que las deportaciones de nicaragüenses que habían huido de Nicaragua iniciaron en diciembre del 2018.

Solo en ese mes fueron deportados 168 nicaragüenses. El organismo contabiliza cinco casos en que fueron deportadas más de 100 personas.

Castaño indicó que “algunas de las deportaciones fue porque no tenían sustento para la solicitud de asilo”.

En los casos que sí cumplían con los requisitos, el representante de la CPDH afirma que las pruebas no fueron presentadas ante el juez, quizás porque las personas no recibieron la información adecuada.

Exiliados sin garantías para retornar

Las garantías para un retorno seguro de los exiliados nicaragüenses no es confiable a pesar de que el Gobierno de Daniel Ortega aprobó una Ley de Amnistía, porque el régimen no brinda ninguna medida real para fortalecer las instituciones del Estado, ni cambios importantes para demostrar que la Policía Nacional actuará de forma apartidaria y porque la represión continúa, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“El Poder Judicial debe mejorar su actuación y que no siga siendo un órgano de represión y criminalización del derecho a la protesta, sino que es todo lo contrario, porque incluso en la misma Ley de Amnistía, en su artículo tres, establece la posibilidad de que las personas que protestaron y fueron sometidas a este proceso (judicial), puedan regresar a la cárcel, de tal manera que no hay ningún tipo de seguridad todavía en Nicaragua”, dijo Denis Darce, funcionario de la CPDH, durante su reciente visita de trabajo a Costa Rica.

Subrayó que la Ley de Amnistía viene a “echarle tierra” a las violaciones de derechos humanos a los nicaragüenses, que incluso la comunidad internacional ha identificado como delitos de lesa humanidad. “Entonces al establecer en una ley de que no se van a investigar los hechos, obviamente se establece que no se van a poder identificar a víctimas, a victimarios, ni los daños que toda esta represión violenta ha ocasionado en los nicaragüenses que están dentro del territorio y los exiliados. En ese sentido no habría una reparación real para las víctimas si no existe como principio fundamental el derecho a la verdad y la justicia, por ende, como sociedad hemos demandado también el derecho a las garantías de no repetición”, agregó Darce.

Según este organismo de derechos humanos, mantiene una coordinación estratégica con la Réseau International des Droits Humain, (RIDH, Red Internacional de Derechos Humanos) con sede en Ginebra, que ha sido su aliada en las incidencias y gestiones ante el sistema universal de derechos humanos, y que ha logrado que la CPDH presente un informe alternativo del examen periódico universal, y comparecer en las audiencias del Consejo de Derechos Humanos, además han logrado reunirse con el grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias y de Torturas, con los cuales siguen tramitando una serie de casos y situaciones que son parte de las denuncias recibidas y de los procesos que han acompañando en Nicaragua.

La CPDH pronto estaría instalándose una vez más en Costa Rica, y solo está a la espera de la certificación correspondiente para su legalización en este país. De esta forma podrá realizar un trabajo con énfasis en los nicaragüenses migrantes, pero con la visión de atender todas las denuncias de la población, independiente de su nacionalidad y darle el respectivo acompañamiento.