Sánchez Berzaín considera conveniente aplicar la Convención de Palermo a los dictadores castrochavistas

A criterio del director del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín, los gobiernos de Daniel Ortega, en Nicaragua; los Castro, en Cuba; Nicolás Maduro, en Venezuela, y Evo Morales, en Bolivia, no están en el ámbito de la política, sino en el ámbito del crimen organizado transnacional y por consiguiente se les debería aplicar la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional.

“Las dictaduras, el castrismo en Cuba, el castrochavismo en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua no son actividades políticas. Eso no es política. La política es una actividad que tiene como características, entre otras, el servicio al pueblo, la elección por el pueblo, la rendición de cuentas, el carácter temporal de la función pública”, indicó.

“Estos señores toman el poder y se quedan para siempre y matan, asesinan, roban, hacen lo que quieren y para mantener su impunidad siguen en el poder. Eso se llama crimen organizado transnacional y no está en el ámbito de la política, sino en el ámbito más bien de la Convención de Palermo Contra el Crimen Organizado Transnacional”, enfatizó Sánchez Berzaín.

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, conocida como Convención de Palermo, establece en su artículo 4 que esta se aplicará como una disposición legal para la prevención, investigación y el enjuiciamiento de los delitos «que tengan carácter transnacional y entrañen participación de un grupo delictivo organizado».

En este sentido, el director del Instituto Interamericano para la Democracia, explica que estos regímenes para no ser presentados como organizaciones criminales lo que hacen es politizarse.

“Se presentan como revoluciones, se presentan como defensores de los pueblos, se presentan como progresistas, se presentan como populistas, se atribuyen ideologías que ya están superadas por la historia. Son izquierdistas, son socialistas, son inclusive comunistas. Cualquier cosa que les sirva para no caer en el verdadero ámbito donde están, que es el crimen organizado transnacional”, subraya.

Sánchez Berzain critica el doble estándar de Almagro en relación a las dictaduras castrochavistas

Para el director del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzain, las dictaduras castrochavistas de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia no solo son delincuencia organizada transnacional, sino también dictaduras “electoralistas”

“Realizan elecciones en las que se vota pero no se elije, pues están manipuladas para que los detentadores del poder lo retengan indefinida e impunemente.  Participan opositores que el régimen permite, con la función de legitimar la farsa”, afirma Sánchez Berzain en un artículo de opinión publicado por Infobae.

El director del Instituto Interamericano para la Democracia, subraya que los crímenes electorales en estos países han sido denunciados con sobrada evidencia desde hace años, pero que inexplicablemente el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha incurrido en un doble estándar, al reconocer como democracias a Nicaragua y Bolivia y a calificar como “dictadura total a Venezuela” y “dictadura jinetera a Cuba”.

El abogado y politólogo de origen boliviano afirma que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son regímenes que “por la fuerza o la violencia concentran todo el poder político en una persona o en un grupo”.

“Reprimen los derechos humanos y las libertades fundamentales y utilizan las elecciones como medio de simulación y propaganda para mantenerse en el poder con el sofisma de revolución o movimiento popular”, sostiene.

Expresa que en el castrochavismo las elecciones no son libres ni justas, ni respetan el voto universal como expresión de la soberanía popular.

“Buscan legitimidad democrática por suplantar la voluntad popular en procesos electorales que son una cadena de delitos, mientras violan los derechos humanos, mantienen presos y exiliados políticos, sin estado de derecho y sin división ni independencia de los órganos del poder publico”, manifiesta.